Han asesinado a 17 mujeres candidatas en el proceso electoral; la violencia también pega a colaboradoras.

mx-600x280Diecisiete candidatas de todo el país han sido asesinadas en lo que parece ser la jornada electoral más violenta de los últimos tiempos; pero la violencia política no se limita a las aspirantes, sino también a colaboradoras.

Tan sólo el sábado, 02 de junio, cuatro mujeres con actividades políticas fueron asesinadas, dos de ellas, Juana Maldonado y Pamela Terán, candidatas a diputada por Puebla y Consejala en Oaxaca, respectivamente.

Las dos candidatas fueron asesinadas a su vez con colaboradoras, Maldonado estaba acompañada de Erika Cázares; mientras que Terán fue asesinada al lado de María del Sol Cruz Jarquín, fotógrafa hija de la periodista Soledad Jarquín.

En lo que va de proceso, se han denunciado 200 casos de violencia política, según cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Casos como el de Liliana García, abanderada del PRD que contendía por una regiduría en el Municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y quien fue asesinada el domingo 6 de mayo; o Maribel Barajas Cortés, quien buscaba la diputación local por el distrito 22 de Múgica, Michoacán, apoyada por el PVEM también se suma a la lista de las occisas.

Entre mujeres y hombres, los ataques y agresiones contra actores políticos y sus familiares, aumentaron 400 por ciento, en el marco de las elecciones 2018 y en relación con el proceso electoral anterior.

Desde que arrancó el proceso electoral, se han registrado 110 asesinatos en el país; de todos, 41 aspiraban a un cargo de elección y, de ese total, 28 eran precandidatos y 13 estaban registrados a puestos de elección.

Según Ettelekt, consultores en análisis de riesgo, 119 políticos han sido objeto de amenazas y actos de intimidación en ese mismo periodo de los cuales 66 son candidatos y 16 son precandidatos.

Según sus datos, durante este periodo se han registrado 382 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 entidades y 252 municipios de la República Mexicana, siendo las mujeres particularmente afectadas.

Ante esta situación, la presidenta del Tribunal Electoral federal, Janine Otálora, exigió investigación y castigo por el asesinato de las candidatas.

“Ejercer un derecho no debería implicar poner en riesgo la integridad ni la vida. Hagámonos cargo todas y todos, desde nuestros ámbitos de competencia, de la violencia de género”, indicó.