El Centro de Estudios Nelson Mandela denuncia desmontes ilegales en El Impenetrable chaqueño. En los últimos meses, la organización que trabaja en defensa de los Derechos Humanos en Chaco alerta sobre el riesgo que corren 8.500 hectáreas y advierte por otra zona de 1.400. Aseguran que en 30 años puede desaparecer.

alianza-estratégica-contra-la-deforestación-1024x575El último inventario forestal en El Impenetrable, Chaco, data de 2011; de ahí en adelante no hay más datos oficiales. Tanto el informe de 2005 como el del 2011 hablan de 4,99 millones de hectáreas. Sin embargo, el Centro de Estudios Nelson Mandela, que trabaja en defensa de los derechos humanos desde 1997 y a partir de 2006 también comenzó a dedicarse a estudiar casos de desmonte, calcula un monte chaqueño de 3,45 millones de hectáreas. “Dan un resultado mayor para poder seguir desmontando sin que nadie lo note”, denuncia Rolando Núñez, abogado y director de la ONG.

En los últimos meses, la organización se concentró en detectar desmontes en zonas protegidas según el mapa establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos a través del sistema de rastreo satelital desde Resistencia, donde tiene su sede, y con la colaboración de testigos presenciales como vecinos, técnicos en ejercicio y pequeños productores ubicados en las zonas de conflicto.

Desde junio pasado, el Centro de Estudios denunció dos megadesmontes en lo que se denomina “zonas amarillas”, es decir, áreas protegidas donde sólo están permitidos los desmontes selectivos para la cría de ganado y, por lo tanto, están prohibidos los desmontes rasos para la práctica agropecuaria. El primer caso es el del establecimiento Las Rejas, denunciado por el desmonte de 2.600 hectáreas, y el segundo es el de Las Palmeras que, según la ONG, desmontó 7.500 hectáreas. “Hicimos dos denuncias administrativas que hoy está siguiendo la Fiscalía de Investigación Administrativa de la provincia y nosotros estamos controlando. Queremos saber por qué la Administración de Bosques está tratando de justificar el hecho de que, siendo zona protegida, se autorizara en el caso de Las Rejas el desmonte hasta la rasa”, cuestiona Núñez.

Las Rejas es propiedad de Cuencas del Salado S.A., una firma comercial que, según investigó el Nelson Mandela, está vinculada a otras firmas que poseen campos en zonas verdes donde se cultiva soja, maíz y girasol. “Estamos viendo cómo fue el proceso por el cual Cuencas del Salado compró ese predio, que era originalmente tierra pública. Las tierras fiscales, según la ley, debieran ser destinadas a pequeños productores, a sus hijos, a comunidades indígenas y asociaciones sin fines de lucro. Por último, como excepción, pueden ser vendidas a empresas a través de planes especiales que, aparentemente, ahora son la regla. Es un proceso que viene acelerándose desde hace diez años”, relata el abogado.

Donde hubo monte, hay negocio

Respecto de la adjudicación dudosa de tierras fiscales, el caso más emblemático es el del establecimiento Las Palmeras, ubicado a 40 kilómetros al noreste de la localidad chaqueña de Taco Pozo. “Comenzó con una adjudicación de 4.999 hectáreas a un señor de apellido Guerra, que nombró a la firma como Las Palmeras y que ahora se llama La Alameda, donde prácticamente no queda monte y se está cultivando girasol. Enfrente de La Alameda ahora, la misma firma compró El Algarrobo, que tiene 2.500 hectáreas que se desmontaron también. Este proceso se llevó adelante entre 2004 y 2005, y ahora van por más: compraron las mejoras de San Esteban (2.500 hectáreas) y otro campo del cual ya desmontaron una gran parte”, detalla el director del Centro de Estudios. Actualmente, la ONG detectó y tiene previsto denunciar ante la Justicia un tercer caso de un desmonte de 1.000 hectáreas de la mano de la empresa Buratovich Hermanos S.A.

La preocupación por la deforestación ilegal es tanto ambiental como social. Desde la ONG advierten que en la vieja cuña boscosa chaqueña quedan apenas retazos de monte y la gran mayoría se ubica en El Impenetrable Chaqueño, zona que en una gran proporción está protegida por una ley que está siendo violada sistemáticamente y a la vista de todos.

“Las grandes empresas agrícolas intervienen el territorio con o sin autorización del gobierno local, y cuando lo hacen es a través del tráfico de influencias y la corrupción. Así es como consiguen los permisos”, denuncia Núñez, quien advierte que, a causa de este descontrol forestal, el ecosistema chaqueño puede colapsar en menos de 30 años. El impacto social de este desmonte ilegal tampoco es menor: la expulsión de las últimas comunidades indígenas y de pequeños productores crece año a año. En el 2010, el Censo Nacional midió un 10 por ciento de población rural en la zona y la última estimación de la organización señala que actualmente cayó hasta el 6,5 por ciento. El efecto colateral es el cierre de escuelas rurales y centros de salud por falta de demanda.