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El Frente Amplio y los partidos de la derecha tradicional aprobarán hoy un proyecto que privatiza el agua, viola la Constitución y favorece las rentas del agronegocio. La Unidad Popular es el único partido político que se opone a esta iniciativa. Hoy es un día triste para el país, donde la pregunta “¿Quién le hace el juego a la derecha?”, se responde por sí sola.

Hoy martes 17, la Cámara de Diputados continuará con la discusión y posterior aprobación de la Ley de Riego, proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Esta ley, que contradice la reforma constitucional aprobada en 2004, donde se establece que el agua es un recurso vital y propiedad del Estado, privatizará el agua y, por ende, atentará contra la soberanía alimentaria. También generará perjuicios medioambientales y una mayor concentración de la tierra.
La Unidad Popular es el único partido que se opone a este proyecto y el único que dice lo que no se dice sobre esta iniciativa. La UP ha organizado numerosos talleres en distintos puntos del país para difundir los detalles de este proyecto, el cual representa una perla más en el collar de la entrega neoliberal del progresismo.
El diputado suplente del 26M-UP, Carlos Pérez, intervino en la última sesión de la Cámara de Representantes donde se trató esta ley. Pérez fue claro y contundente al enumerar los perjuicios que esta nefasta ley acarrea para el país. La discusión fue el pasado miércoles 11, el mismo día en que la Cámara realizó una sesión especial por el Día Mundial de la Alimentación, celebrado cada 16 de octubre.
“Una persona de izquierda, cuando habla de la alimentación, piensa en la soberanía alimentaria, en cómo lograr alimentos accesibles en cantidad y calidad para nuestro pueblo. Pensaría en cómo se puede hacer para que ningún día en nuestro país, pero también con visión latinoamericanista y, por qué no, mundial, ni un solo niño, ni un solo viejo, ni una sola persona se vaya a dormir con hambre”, enfatizó Pérez.
El representante citó un trabajo elaborado en 2014 por el Banco Mundial y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El documento está escrito por la ingeniera agrónoma Mariana Gil y es utilizado por el gobierno para fundamentar la aprobación de la Ley de Riego.
“Se nos dice que hay una oportunidad de consolidar la rentabilidad de la agricultura. Siempre que se buscan ejemplos se remiten a la soja transgénica y al maíz transgénico. Nos informan que con riego podemos obtener mil quinientos kilos más por hectárea de soja transgénica; y entre 6 mil y 6 mil cien kilos más de maíz transgénico por hectárea”, explicó.
Y agregó: “Buscando argumentos del Poder Ejecutivo, nos encontramos con que el incremento del precio de la tierra, que se multiplicó por cinco, seis o siete, nos genera la necesidad de la intensificación de este modelo; intensificación del modelo de la soja transgénica y del maíz transgénico. Escrito en negro sobre blanco, el Banco Mundial y el Poder Ejecutivo nos dicen que el desarrollo del riego es para consolidar la rentabilidad del agronegocio”, aseguró.
Pérez señaló que el gobierno compara la Ley de Riego con la Ley Forestal y con los parques eólicos que se han instalado en diferentes zonas del país. El diputado suplente de la UP dijo que los parques eólicos son “la privatización de las empresas públicas” y “la privatización de la generación de energía”; también aclaró que los parques eólicos implican“la obligación por parte del Estado de comprar toda la energía que producen los privados”. El legislador explicó además que el costo de generación de las represas hidroeléctricas es de 7 u 8 dólares el kilowatt, mientras que a los privados se les compra a unos 80 dólares.
En su intervención, Pérez abordó detalles de la Ley Forestal, utilizada por el oficialismo como modelo para la Ley de Riego, y se preguntó: “¿Qué repercusión ha tenido el modelo forestal en el consumo de agua?”. Explicó que un eucaliptus consume unos 10 litros de agua por día, lo cual representa 13 mil millones de litros de agua por día si se toma en cuenta el millón 300 mil hectáreas forestadas que existe actualmente en Uruguay.
También hizo referencia a los altos niveles de fósforo que contiene el Río Negro, lugar donde el gobierno pretende que se instale la tercera planta de celulosa, la segunda de la finlandesa UPM. Explicó que el último Censo Agropecuario, que abarcóel período 2001 a 2011, muestra un notorio descenso de la cantidad de pequeños y medianos productores. “Tenemos conocimiento de que más de 12 mil unidades productivas, de las cuales más del 80% son productores de alimentos de menos de 200 hectáreas, han tenido que abandonar el campo y que, si se mantuviera esa tendencia, hoy serían 17 mil los productores que el modelo celulósico forestal y, principalmente, el sojero, ha expulsado del campo”, sentenció.
Pérez recordó en Cámara que la lechería, la granja y la apicultura atraviesan una profunda crisis. Enfatizó en el aumento de la extranjerización de la tierra, proceso que se ha acelerado en los últimos 10 años y que ya alcanza al 50% de la superficie productiva del país. Lo cual habla de una clara “contrarreforma agraria”.
“Este modelo antinacional, antipopular, extranjerizador y privatizador se presenta como impulsor del desarrollo nacional, porque nos dicen que el desarrollo del agronegocio es igual a desarrollo nacional, a pesar de que un puñadito de empresas, principalmente extranjeras, controla la porción más grande”, subrayó.
Desde la bancada de la Unidad Popular se advierte además por el impacto ambiental que acarreará el embalsamiento del agua. Según explicó Pérez durante la sesión, embalsar el agua implica inundar tierras y monte ribereño, el cual sirve de barrera natural; por lo tanto, la materia orgánica quedará debajo del agua embalsada, lo cual implica que se acumulen sedimentos, aumentela temperatura del agua y cambie la flora.
El modelo que se toma como ejemplo para el avance de esta ley es el chileno, donde el agua tiene precio, se compra y se vende como una mercancía. La Ley de Riego que aprobará hoy el oficialismo junto a los partidos tradicionales prevé que se pague un gravamen por la utilización del agua de embalse y un canon por pozo o toma directa de agua, lo que implica que quien no pague no podrá acceder al vital recurso o quedará endeudado.
“Entonces, si queremos revertir los procesos de contaminación del agua, si queremos luchar contra estos procesos privatizadores, por una reforma agraria y para que no se siga extranjerizando la tierra, es necesario cambiar de modelo productivo y luchar contra el agronegocio; es necesario fomentar y apoyar otro tipo de producción, como la familiar, o la producción pequeña y mediana de alimentos”, culminó el representante de la UP.