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La SRA conducida por Etchevehere felicitó al Gobierno por su mano dura, cuando ya se sabía de la desaparición de Maldonado. La presencia de Gendarmería en la zona y una demanda de los empresarios rurales.

La presencia de Gendarmería en la Estancia Leleque, propiedad del empresario Luciano Benetton, no fue un hecho casual. Fue la respuesta del Gobierno nacional al pedido de diferentes empresarios de la Patagonia para que las fuerzas de seguridad sean puestas a su disposición. Hoy la lupa está puesta en Benetton pero quizás haya que profundizar en los vínculos entre Macri y Joe Lewis para entender lo sucedido hace más de 20 días en Cushamen.

“No vacilan en golpear, matar o incendiar”, aseguró el pasado 13 de febrero el vicepresidente de la Sociedad Rural Bariloche, Santiago Nazar. Su prédica estaba dirigida a las distintas comunidades de pueblos originarios que vienen reclamando el acceso a lo que consideran sus tierras. Estas palabras fueron pronunciadas en la exposición de Dina Huapi. Obviamente, Nazar no hizo ningún tipo de referencia a la represión ocurrida días antes en Cushamen.

Luego, el ruralista agradeció el “coraje político” del diputado Sergio Wisky (Pro), un ex empleado de Lewis, por haberse pronunciado en contra de algunos hechos de violencia realizados por RAM, una organización de la que hoy, de manera sospechosa, nadie se hace cargo. Obviamente, tal nebulosa es funcional al Gobierno y los empresarios que piden mano dura.

Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada se empezó a erigir como “chivo expiatorio” de una nueva escalada autoritaria a las comunidades mapuches, a partir de hechos violentos firmados por “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM). La cara más visible de esa estigmatización y construcción de un “enemigo público” ha sido el lonko Facundo Jones Huala.

Como si esto fuera poco, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Dardo Chiesa, la organización patronal que engloba a distintas sociedades rurales del país, sostuvo: “La Argentina tiene historia en la lucha contra la subversión”, y luego solicitó no “volver a ese conflicto”. Esto también fue dicho en la exposición rural realizada en Bariloche en febrero de este año.

Unos días antes, el 28 de enero, el diario Río Negro publicó las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Martín Zimmermann, quien solicitó abiertamente la presencia de Gendarmería: “Queremos plantearle a la ministra (Patricia Bullrich) la posibilidad que las fuerzas nacionales se involucren en el problema. Si la policía provincial no da abasto, es bueno que pueda actuar más gendarmería”.

El 23 de enero, la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, reunida en el marco de la Exposición Ovina de Esquel, emitió un comunicado que fue publicado por el sitio oficial de la Gobernación, a cargo de Mario Das Neves. “Resulta imprescindible que la provincia del Chubut, sus habitantes y productores recuperen la paz social que ha sido interrumpida por la actividad de grupos violentos. También requerimos a las autoridades judiciales de la provincia, que dejen de lado la presencia fotográfica y se ocupen debidamente, en tiempo y forma de dirimir los conflictos que han sido debidamente judicializados”, puede leerse en el comunicado.

Ya más cerca en el tiempo, a los pocos días de la desaparición de Sergio Maldonado, la Sociedad Rural Argentina, conducida por Luis Miguel Etchevehere, emitió un comunicado en la misma línea que sus pares rurales, para avalar el accionar represivo del Estado, puesto al servicio de un puñado de empresarios.

Lo que los ruralistas no dijeron en ningún momento fue que Gendarmería ya había reprimido a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen –tanto en enero como en agosto- por la ocupación de tierras que venían realizando desde 2015. Los medios hegemónicos porteños hicieron (y hacen) todo el esfuerzo por sostener que dicha comunidad, cuyo líder es Facundo Jones Huala, pertenece a RAM, cuando es el propio Jones Huala, preso a la espera de un nuevo juicio de extradición, quien sostiene que él ya no forma parte de dicha organización, sospechada de estar “infiltrada” por las propias fuerzas de seguridad.

¿Qué hacía Nocetti el día que desapareció Santiago Maldonado? ¿Por qué un importante funcionario del Ministerio de Seguridad estuvo en los momentos previos a la represión que derivó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado? A esta altura de los acontecimientos, es posible pensar en la hipótesis de que el Presidente de la Nación avaló la presencia de Nocetti en función de los pedidos realizados por Lewis –avalados también por Benetton- canalizados por el diputado Wisky y las entidades rurales patagónicas.