Jaime López, abogado defensor de la machi Francisca Linconao, cuestionó a la Fiscalía por demorar varias veces el juicio oral en contra de los implicados en la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, el cual desde hace ocho meses está en etapa de preparación.

36705_9207_21804736-696x437-600x350Y es que uno de los principales peros del Ministerio Público en este caso es la precariedad de las pruebas en contra de Linconao, lo que incluso a llevado al Instituto Nacional de Derechos Humanos plantear que la parte persecutoria no tiene los “argumentos necesarios” para acusarla.

En entrevista con radio Universidad de Chile, López sostuvo que la demora de la Fiscalía se basa en que se “cayó” su principal prueba; el testimonio de José Peralino, cuya declaración fue la base para detener a los 10 inculpados y que luego fue desestimado por el propio comunero en tribunales, alegando presiones de la PDI.

“Se va tratando de crear la sensación de culpabilidad de las personas, lo que no me parece adecuado, porque los jueces resuelven en torno a las pruebas, si hay un testigo que les diga que ellos cometieron un delito o no, si hay alguna prueba científica que logre acreditar que los inculpados estuvieron en sitio del suceso o no. En buenas cuentas, los jueces tienen que convencerse a través de pruebas y no de sensaciones que se van generando”, declaró.

Junto con ello, el abogado de Luis y Juan Tralcal Quidel, Sebastián Saavedra, denunció que los involucrados no han recibido un trato justo en el proceso judicial.

“Si el defensor público elegido por los comuneros mapuches, manifiesta su opinión política, es retirado de la Defensoría Penal Pública; si contrata abogados particulares, éstos se ven investigados con testigos corregidos de identidad. Entonces estamos en una situación de alta vulnerabilidad principalmente de los imputados que están viendo disminuidas sus posibilidades de defensa”, explicó.

Por su parte, el director del INDH, Branislav Marelic, declaró que “deseamos que el juicio avance para la determinación de los responsables y la verdad del caso, porque si existe un cuestionamiento de que el juicio o procedimiento tuvo infracción de garantías, podría quedar la sensación de que el resultado es ilegítimo”.