Entidades de ambientalistas expresaron su “preocupación” por el levantamiento de la suspensión a la mina.

1051547164Diversas organizaciones de ambientalistas expresaron hoy su “profunda preocupación” por la decisión judicial que levantó la suspensión de operar a la minera Barrick Gold, en Veladero, provincia de San Juan, a raiz del derrame de cianuro.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) cuestionaron el levantamiento de la cautelar contra la minera por parte del juez civil y penal de San Juan, Pablo Oritja, informó DyN. Oritja confirmó que nueve empleados de la empresa Barrick fueron imputados en la causa y comenzarán a declarar a partir del 6 de octubre.

La resolución que le impedía operar a la minera canadiense había sido dictada por el propio Oritja, tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero, el pasado 13 de septiembre.

“Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas”, planteó Pía Marchegiani, directora de FARN.

Las organizaciones exigieron el inmediato esclarecimiento del incidente, es decir, cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame, con intervención de peritos técnicos imparciales.

Además, que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.

“Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó”, recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace.

Por su parte, Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas planteó que “en San Juan todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó un millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental”.