Por Carlos Del Frade.

Hace una década mataron a una mujer sanjuanina que se animó a organizar el gremio de las trabajadoras sexuales en la ciudad de Rosario y denuncia la explotación de la mafia policial.
Diez años después es necesario hacer algunos apuntes: el asesinato de Sandra Cabrera, producido el 27 de enero de 2004, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno” de la ciudad de Rosario, confirmó la condena que entrañaban las amenazas que recibieron ella, sus compañeras y hasta su propia hija, Macarena, especialmente a partir de setiembre de 2003. Deberían revisarse aquellas causas que vienen desde 1998.

Aunque hubo un esfuerzo para buscar pistas a través del registro de aquellas denuncias repartidas entre varios juzgados provinciales, no se profundizaron los caminos que vinculaban a dueños de boliches, policías federales y provinciales.
Existe una preocupante y llamativa naturalización de parte de la justicia provincial de los delitos denunciados en la causa y que tienen como protagonistas a integrantes de ambas fuerzas. Desde el hostigamiento y persecución a las trabajadoras sexuales hasta el compartir la droga remanente de procedimientos para la venta en la calle con los potenciales clientes de sus tácitas rehenes.
Después del asesinato de Sandra Cabrera se apagaron las denuncias que en los últimos años produjeron los relevos en la cúpula de Moralidad Pública y otras reparticiones. Volvió el miedo y continuaron los aprietes.
Los que mataron a Cabrera siguieron con sus negocios y se sacaron de encima a una molesta denunciante.
Tampoco hubo explicación, de parte del poder político de la provincia, sobre por qué de aquel entonces por qué le sacaron la custodia policial a la asesinada menos de tres semanas antes del crimen. Apenas hubo una excusa a través de los medios de comunicación.
El ex gobernador Jorge Obeid le manifestó su desagrado al entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, por el acompañamiento que hizo el ex jefe de la división de Drogas Peligrosas de la Policía Federal al principal imputado. El resultado fue la separación de aquel responsable del área y su alejamiento de la ciudad. Más que un castigo, aquella medida política, diez años después, parece ser un encubrimiento de responsabilidades funcionales.
En todo el expediente las tres palabras que más se repiten son: policías federales, provinciales y droga. Sin embargo no existió una búsqueda que intentara desarticular semejante grado de connivencia entre los sectores que supuestamente deben combatir al delito y que, en realidad, lo practican.
Casi una profecía de lo que vendría en Rosario a partir de la segunda mitad de la primera década del tercer milenio.
Tampoco hubo desde la entonces oposición política, hoy gobierno en la provincia de Santa Fe, una continuada y decidida voluntad de combatir las mafias que manejan el negocio de la prostitución y el narcotráfico en la zona de la terminal de ómnibus “Mariano Moreno” en la ciudad de Rosario. Es necesario crear una comisión especial legislativa que investigue aquellos negocios en red que tienen integrantes de las fuerzas policiales, en actividad o en disponibilidad.
El crimen de Sandra Cabrera, por lo tanto, no fue un asesinato pasional, sino un hecho que revela una situación estructural en la ciudad de Rosario, en primer lugar, y en la provincia de Santa Fe, en segundo lugar.
Es necesario revitalizar la investigación judicial en torno al asesinato y crear una comisión bicameral que produzca información y compile pruebas alrededor de una red ilegal de negocios y explotación de personas que incluye menores de edad y que está compuesta, como queda probado en los once cuerpos de la causa, por integrantes de la Federal, la Provincial y tiene contactoscon empresarios de la ciudad.
Porque, si el poder judicial no puede, no quiere o no sabe completar las pistas sueltas que quedaron en el expediente, es deber de la Legislatura resolver cómo continúan vigentes los intereses que celebraron el asesinato de Sandra Cabrera.