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Hace ochenta y tres, por las inmensidades patagónicas se escuchaba el eco de balazos. Se estaba fusilando a gente humilde. Los fusiladores eran soldados de Buenos Aires. Eran tiempos de Yrigoyen. A las peonadas se las fusilaba por huelguistas. Querían hacer cumplir un convenio firmado meses antes por el propio militar que ahora las fusilaba.

Los huelguistas eran trabajadores de la lana. Exigían cien pesos por mes, que las instrucciones del botiquín estuvieran en castellano y no en inglés, que se les diera un paquete de velas por mes para iluminarse de noche, y otras pequeñeces. El año anterior, el teniente coronel Varela había venido y firmado el primer convenio rural de la Patagonia, aceptando el petitorio de la gente de la tierra. Pero el convenio no fue cumplido en nada por los patrones. Y las peonadas volvieron a dejar el trabajo y a formar emblemáticas columnas exigiendo justicia; columnas que recorrían el interminable horizonte de las tierras frías pobladas de animales de blanca lana. Es aquí donde se produce el derrumbamiento de toda moral, de toda racionalidad, del más mínimo principio de ética. Varela vuelve con su 10 de Caballería y en vez de castigar a los estancieros que no habían cumplido, fusila concienzudamente a las peonadas, por huelguistas. No hay escapatoria, todo huelguista sea gaucho, chilote o anarquista europeo es castigado duramente y luego fusilado. Sin juicio ni acta. Por orden del comandante. Santa Cruz quedará para siempre con montículos llenos de muertos. Las llamadas tumbas masivas. Ahí permanecerán para siempre, en el silencio del desierto y de las cobardías humanas. Nadie hablará. Sólo en voz baja. Ni los salesianos las marcarán con una cruz de palo ni nunca una mano de mujer colocará una flor. Los gauchos vuelven al corazón de la tierra. Esta es tierra de obediencias debidas. De fusilamiento y desaparición. Las ovejas son para los ingleses y para los señores de las sociedades rurales. Y nada más. Ese es el orden establecido. A los cuales jamás una jeta de negro vendrá a imponerles algo. La comunidad británica de Santa Cruz despedirá al comandante con un emocionado “porque eres un buen camarada”. Hay lágrimas en esos hombres gordos y colorados. El comandante ha cumplido con las órdenes de la Casa Rosada. ¿O no?

Porque ahora vendrá la cosa. El balurdo es demasiado grande. En Buenos Aires se ha seguido fusilamiento por fusilamiento. La oposición pregunta con voz tonante: ¿quién ordenó matar? Los sindicatos ocupan las calles en protesta.

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Fusilar en la lejanía había sido cosa fácil. Pero ahora, a esta opinión pública informada, ¿qué se le dice? ¿Cómo es esto que en la Argentina no hay pena de muerte, pero para con los peones huelguistas sí, y sin juicio previo?

Se va sabiendo que cuando se declaró la segunda huelga, el presidente Yrigoyen estaba en una situación difícil. El gobierno británico le había enviado un conceptuoso mensaje que si no defendía las propiedades de los súbditos de S.M., Londres enviaría dos buques de guerra que estaban en Malvinas al territorio de Santa Cruz para guardar el orden. Y todos saben que Gran Bretaña no deja solos a sus súbditos en ninguna parte del mundo.

También Yrigoyen pasaba un mal momento con el partido dividido, con problemas en Mendoza, con huelgas rurales en la pampa bonaerense, etc. Y se estaba a corto plazo de las próximas elecciones presidenciales.
El hilo se cortó por lo más delgado. La orden presidencial al comandante Varela fue terminar con las huelgas patagónicas, y para siempre. El comandante cumplió con toda ferocidad el deber encomendado. Total, los muertos habían quedado lejos, y eran nada más que pobres ovejeros, gente de campo, y algunos anarquistas que proclamaban un paraíso futuro sobre la base de la libertad y el antiautoritarismo. La tragedia oculta llegó al Congreso Nacional. Y ahí quedó todo en claro. Los fusilamientos masivos. La actitud criminal de Varela y sus oficiales Anaya, Viñas Ibarra, Campos, Schweitzer.

La oposición pidió el esclarecimiento de todo. Una comisión investigadora que concurriera ya a las latitudes sureñas para hacer un relevamiento del crimen. Pero la bancada radical votará en contra. No quiere saber la verdad.
Ejerce el poder de su número para tapar el crimen.

La primera víctima ha sido la democracia.
El comandante Varela justificará su conducta ante sus superiores en el ejército elevando un escrito en el que señala: “El Excelentísimo Señor Presidente de la Nación me ha manifestado su conformidad con el procedimiento empleado por las tropas a mi mando en el movimiento sedicioso de la Patagonia, no permitiendo que se efectuara investigación alguna sobre el proceder de las tropas”.

Obediencia debida y Punto Final. Y no se habló más. La Justicia se calló la boca pese a lo público del caso. Miró para otro lado.

Los únicos que no se conformaron fueron los anarquistas. Habían esperado que se hiciera justicia. Como todos se lavaron las manos, decidieron que la justicia la iba a hacer el pueblo. El anarquista alemán Kurt Gustav Wilckens hizo uso del “sagrado derecho de matar al tirano”. Lo esperó a Varela en la calle, le arrojó una bomba -que expresaba la explosión de la ira del pueblo- y le fue perforando el cuerpo con cinco balazos. Wilckens fue asesinado en la cárcel y será el momento en que el pueblo salga a la calle a enfrentar a la policía y a declarar el paro general. Fueron días de lucha a brazo partido. Las publicaciones proletarias llorarán la muerte del vengador. Poco después los anarquistas pondrán punto final a la trágica sucesión de muertos y matarán al carcelero que había asesinado a Wilckens.

El radicalismo siempre guardó silencio ante la tragedia de las peonadas rurales. El autor de estas líneas se dirigió por escrito a todos los presidentes del Comité Nacional de ese partido. Les pedía una autocrítica y, el 7 de diciembre, fecha de los fusilamientos en la estancia “La Anita”, ir personalmente a depositar una flor allí. Jamás me contestó ningún titular del máximo cuerpo del radicalismo. Les recordé el gesto de Willi Brandt, el primer ministro alemán quien -en su primera acción de gobierno- se puso de rodillas ante el monumento al Holocausto y pidió perdón en nombre del pueblo alemán. Tampoco la CGT jamás hizo un acto recordativo porque temía enemistarse con el ejército.

Pero, desde abajo, se ha ido rompiendo el silencio. Después de décadas, hoy, muchos lugares recuerdan a los héroes obreros. La tumba de la estancia “La Anita” ha sido marcada con un templete; una calle de Río Gallegos se llama Antonio Soto; la escuela secundaria de Gobernador Gregores lleva el nombre de José Font (“Facón Grande”) por el voto de los docentes, de los alumnos y de los padres de los alumnos. En Galicia, la tierra natal de Antonio Soto, hay una calle con su nombre en El Ferrol, y una placa recuerda su nacimiento en esa ciudad.

Y en Jaramillo se levanta la estatua al gaucho entrerriano José Font, fusilado por Varela en ese lugar. El silencio ha sido roto. La falta de coraje civil ha sido vencida. Las peonadas fusiladas por el miedo y la crueldad, se han levantado de sus tumbas y han comenzado a recorrer sus queridas tierras santacruceñas. Allí donde alguna vez soñaron vivir con dignidad y gozar de sus horizontes interminables. (*)

Por: Osvaldo Bayer