Antonio Riestra (UP) manifestó su preocupación por la situación de Reina Maraz, mujer kichwua, detenida hace tres años sin intérprete.

reina Maraz

 

El diputado nacional de Unidad Popular Antonio Riestra presentó un proyecto de resolución por el que expresa “su preocupación por la situación y posible vulneración del derecho de defensa en juicio de Reina Maraz, de origen Kichwua, nacida en Bolivia, detenida desde noviembre de 2010 en la Unidad Penitenciaria 33 de Los Hornos, Provincia de Buenos Aires,  quién pasó un año encerrada sin comprender el proceso judicial que la mantiene privada de la libertad junto a su hija, por no hablar español y no contar el organismo competente con intérpretes de lenguas originarias”.

Reina Maraz, como reza el proyecto, es una mujer indígena que desde 2010 se encuentra detenida y es sometida a un proceso judicial que no puede comprender, porque no habla español. Maraz habla quechua y comprende un poco de español, pero nada del lenguaje judicial, que le es completamente ajeno. Es por esto que recién después de un año de cárcel y proceso pudo comprender -gracias a una intérprete provista por la Dirección de Litigios Estratégicos y del Programa de Pueblos Originarios y Migrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CMP)- que está acusada de homicidio agravado.

Los organismos competentes disponen de intérpretes, pero solamente en inglés, francés y portugués, no en quechua ni en ninguna otra lengua originaria. “En casos como estos las garantías de defensa en juicio se desvirtúan absolutamente, alguien es privado de su libertad sin que se le pueda explicar las razones o los pasos procesales que tendrán lugar en el juicio del que es parte. ¿Cómo será indagada esa persona? ¿Cómo se le asegura que tendrá un juicio justo si no puede declarar, expresar su versión de los hechos, si no puede comunicarse con quién ejerza la defensa?”, se pregunta Riestra, presidente de la Comisión de Población en Diputados, en los argumentos de su proyecto

“Cuando la conocimos, en diciembre de 2011, Reina se encontraba en un absoluto estado de indefensión, y no comprendía las razones de su encierro”, informaron desde la CPM quienes realizaron distintas intervenciones que empezaron por exigir que se garantice la presencia de intérpretes para tomarle declaración o interactuar con ella.

A través de la traductora que propuso el organismo se le pudo explicar de qué se la acusaba y ella pudo contar por primera vez su versión de los hechos. A Maraz se le imputa haber asesinado a su marido junto a un vecino que aparentemente abusaba de ella. En su propio relato, ella describió su condición de migrante, una situación de violencia doméstica y sexual previa a los hechos por los que la juzgan, violencia que era ejercida, principalmente, por su marido y el vecino a quien señalan como su cómplice.

En abril de 2012 el Juzgado de Garantías 6 de Quilmes, a cargo de Diego C. Agüero, dispuso la nulidad de la audiencia celebrada hasta el momento y ordenó que se le tome una nueva declaración a la acusada con la presencia de los intérpretes propuestos por la CPM.

Actualmente la causa se encuentra  a disposición del Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, próxima al debate oral.

Por el momento procesal en que se encuentra la causa, las partes ya no pueden ofrecer pruebas, por lo que los abogados de la CPM expresaron su preocupación ante el hecho de que no aparezca en el expediente la voz de Maraz ni la sumatoria de circunstancias que derivaron en su detención.

En la provincia de Buenos Aires, así como en otras partes de nuestro país, son muchas las personas, migrantes o no, que podrían encontrarse en esta situación y las asesorías periciales carecen de traductores o expertos en lenguas originarias. Esto quebranta  la garantía de defensa en juicio, haciendo imposible el acceso a un juicio justo. Por otro lado,  profundiza la vulnerabilidad de los más débiles e incumple la debida protección que el Estado debe brindarles especialmente.